El medio citado indicó que “en este contexto se estarían investigando eventuales conflictos de interés” en lo relativo a “información que pudiese favorecer a los clientes de los abogados, entre ellos, narcotraficantes e imputados ligados al crimen organizado”.

Por eso, es importante contar con un abogado experto en extradiciones que pueda brindar la mejor defensa posible.

El escenario aquí descrito, aunque sucintamente, deja claro la multiplicidad de posibilidades que genera el tráfico internacional de drogas para que los comisores de tales hechos punibles sean detenidos fuera de las fronteras del país que lo busca para juzgarle, y que, consecuentemente, se apele a la extradición para alcanzar dicho objetivo.

Los abogados penalistas de manera normal asumen casos por delitos de diversa índole, ocurriendo que algunos de ellos no se abstienen de manera absoluta los casos de tráfico de drogas, pero muchos sí lo hacen. De otro modo, encontramos abogados penalistas que se concentran en el tema del narcotráfico y han desarrollado una pericia singular para asumir estos procesos, llegando a conocerse en la jerga jurídica y well-known como “abogados de narcos”.

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Nadie litiga mejor en los nuevos tribunales que un abogado de narco. Socios y empleados de grandes y prestigiosos estudios participan muy ocasionalmente de un juicio oral. Generalmente negocian una salida alternativa para su cliente, un abreviado. Los otros en cambio saben que siempre llegarán a juicio porque casi no hay lugar a la negociación. También saben que el dinero de sus honorarios proviene de la droga. En buenas cuentas son profesionales de terreno, no de oficina, un terreno pedregoso, áspero y filudo, donde abunda la acción y el peligro de traspasar los límites.

Por Cristián Meza El profesional de 37 años oriundo de Temuco se ha hecho un nombre en los tribunales defendiendo a narcotraficantes, a los cuales cobra hasta thirty millones de pesos por sus servicios,.

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Dentro de esta clasificación se encuentran todas aquellas sustancias ya sean naturales o de origen sintético que tienen por uso common calmar o mitigar el dolor, de las cuales si se hace un uso indebido pudiese desencadenarse en una fuerte adicción a las mismas o también conocida como una toxicomanía. Esta clase de sustancias se hallan definidas y reguladas check here en la lista I y II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972, a razón de ser reconocidas y reguladas por todos los Estados y que su uso indebido tipifique como delito dentro de sus legislaciones penales vigentes.

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Por otro lado, tenemos a la extradición, una institución jurídica del Derecho Penal e Internacional Público, que consiste en el mecanismo diseñado para que personas que han procurado ponerse a buen recaudo de la mano de la justicia, por haber salido del territorio del país donde delinquieron, puedan ser reclamadas y devueltas, para su enjuiciamiento, de manera que las cuestiones de jurisdicción y competencia no se conviertan en coyuntura favorable para la impunidad de los infractores de la

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A diferencia de Helhue Sukni, el estilo de Carlos Quezada está definido por la sobriedad. Como está fuera de tribunales, viste chaqueta de mezclilla y canguro con capucha. Su privado del centro de Santiago es pequeño y está decorado con fotos familiares y un pergamino de Salvador Allende. Las apariencias podrían llevar a pensar que es de los que cobran entre dos y cuatro millones por juicio oral. La realidad indica que es uno de los litigantes más cotizados por clientes en condiciones de desembolsar fuertes sumas de dinero. Quezada ha participado de causas célebres. Defendió al ingeniero Ricardo Jiménez y a su pareja en un juicio por producción y supuesto tráfico de mezcalina que era usada con fines terapéuticos.

Se trata de percepciones directas de los agentes o a veces con ayuda de instrumentos técnicos, a las que se les more info atribuye una mayor objetividad que a la de los sujetos particulares (pues a priori no tienen ningún interés oculto). Los actos mixtos, son los que presentan una ambivalencia entre actos con fines de investigación, y que a su vez precisan su constancia con fines garantizadores, por ejemplo, la detención y la lectura de derechos.